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Odecbretch Poder Palabra

AMLO quiere mandar al diablo a las instituciones, pero el PRI ya se le adelantó.

El funcionamiento del Estado y de sus Instituciones permite diseñar e implementar políticas públicas que resuelvan verdaderamente los problemas de un país y de sus ciudadanos, permiten a su vez el crecimiento económico y, por supuesto, se procura con su buen desempeño el bienestar de la población.

Para poder cumplir con las metas de una administración es necesario que respete el Estado de Derecho, se hagan valer las leyes para preservar el orden y se respeten las instituciones políticas, educativas, de seguridad, judiciales o sociales.

Cuando operan de manera adecuada, las instituciones trascienden a los gobiernos y a los gobernantes, muchas de ellas operan de manera autónoma y se convierten así en referencia obligada para la sociedad. Es por eso que los organismos son capaces de generar estabilidad bajo el entendido de que la ciudadanía debe apegarse a los lineamientos que cada institución establece.

Desgraciadamente, durante el ya iniciado proceso electoral la actual administración ha utilizado de manera facciosa a las instituciones que están para dar estabilidad al país, como es el caso de la Procuraduría General de la República, de la que, por cierto, está encargado un empleado del Presidente: Alberto Elías Beltrán, el mismo que se ha dedicado a frenar el caso Odebrecht que, se suponía, Raúl Cervantes dejó listo antes de salir de la dependencia.

¿Quiere un ejemplo de lo peligroso que es tener instituciones parciales que se usan para intervenir en procesos electorales? Voltee a ver lo que pasa en Venezuela. Las instituciones no existen, la administración de Nicolás Maduro controla a aquellos organismos que deberían funcionar de manera independiente para atender diversas necesidades de la sociedad.

Jorge Triana